Para saber si una propuesta puede ser objeto de una iniciativa ciudadana, hay que comprobar si se refiere a una política que pertenezca a algún ámbito de competencias de la UE y en la que la Comisión esté facultada para presentar una propuesta de acto jurídico.
Cuando se inscribe una iniciativa en el registro, hay que indicar las disposiciones de los Tratados (artículo u otra referencia más amplia) que los organizadores consideran pertinentes para la acción propuesta.
La Comisión está facultada para proponer un acto jurídico cuando el artículo del Tratado:
- hace referencia a un procedimiento legislativo (“procedimiento legislativo ordinario” o “procedimiento legislativo especial”), salvo que en el texto se disponga lo contrario (casos concretos en los que se especifica que la propuesta debe hacerla otra institución)
O BIEN
- establece explícitamente que corresponde a la Comisión presentar una propuesta.
Ejemplo: «El Consejo, a propuesta de la Comisión [...]».
Para más información...
- examinar detenidamente las competencias de la Comisión
- verificar qué proyectos han sido objeto ya de iniciativas registradas
- consultar las respuestas negativas de la Comisión a las propuestas que no cumplían los requisitos de registro
- obtener orientación y asesoramiento adicionales a través del Foro de la Iniciativa Ciudadana Europea.
Políticas y artículos correspondientes del Tratado
Tras comprobar si su proyecto guarda relación con alguna de estas políticas, los organizadores deben verificar los artículos correspondientes del Tratado para determinar si la Comisión puede presentar una propuesta de acto jurídico en ese ámbito.
* TFUE = Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea - TUE = Tratado de la Unión Europea
Nota: esta lista no es exhaustiva y solo incluye las principales políticas contempladas en los Tratados de la UE. Para más información, consultar el texto completo de los Tratados.
El texto de esta página, que se ofrece como orientación a los posibles organizadores de iniciativas ciudadanas, no compromete jurídicamente a la Comisión Europea. No pretende ser exhaustivo y carece de valor interpretativo del texto de los Tratados.
